El “Debido Proceso” se identifica con
la efectividad de los derechos fundamentales que la Constitución Nacional
establece como límite al ejercicio de la jurisdicción y que son receptados por
las garantías que los principios procesales y los propios procedimientos
reglamentan.
El debido proceso, se manifiesta en el conjunto de
exigencias procedimentales que deben garantizarse a cualquier persona que exige
el cumplimiento de sus derechos y libertades. No se puede hablar de proceso
justo sin el respeto de dichas exigencias.
El debido proceso requiere que se garantice el
acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, la imparcialidad del juzgador
y el derecho de defensa en juicio.